El riesgo de un nuevo drama humanitario

Ricardo Cruz
Reporteros de Colombia*

El Oriente antioqueño, luego de ser considerada una de las zonas más violentas de Colombia, vive hoy otra realidad. Atraídos por la mejoría del orden público, desde el año 2007 han llegado a la zona alrededor de 60 mil personas que en el pasado debieron abandonar sus parcelas y que ahora desean rehacer sus vidas en la tierra de la que nunca quisieron salir.

Organizaciones no gubernamentales, gobierno departamental, alcaldes municipales y los propios campesinos comienzan a preguntarse por el costo económico y social que tendrán dichos procesos. Hay quienes advierten que los retornos de población desplazada que se están presentando encierran tal grado de complejidad que podrían poner al Oriente antioqueño de cara a un nuevo drama humanitario, casi de las mismas proporciones que generó el desplazamiento forzado.

“Los retornos cuestan plata, y los municipios no cuentan con los recursos, entre otras cosas, porque éstos se están dando en localidades que fueron fuertemente afectadas por el conflicto armado y que son carentes de recursos”, sostiene Pedro María Chica, directivo de Prodepaz, organización que acompaña procesos sociales en el Oriente antioqueño.

Para Nicolás Castrillón, integrante de la organización Asociación Campesina de Antioquia (ACA) organización no gubernamental que adelanta trabajos con población en situación de desplazamiento, el problema de los retornos es que no están cumpliendo con los principios de voluntariedad, seguridad y dignidad, establecidos en el Protocolo de Retornos de Acción Social.

“Las entidades estatales están mostrando el proceso del Oriente como un modelo exitoso. Sin embargo, no hay garantías, a los campesinos no se les están restituyendo sus derechos como ordena la Corte Constitucional; están solos y a la deriva. Incluso hay veredas con nuevo riesgo de desplazamiento, pero por hambre”, agrega Castrillón.

No coinciden las cifras
Estadísticas oficiales señalan que entre 1998 y 2006 fueron expulsados por los diferentes actores del conflicto armado más 149 mil campesinos de los 23 municipios que conforman el Oriente antioqueño. Localidades como San Luis, Cocorná, Granada, San Francisco y San Carlos, vieron cómo se redujo a más de la mitad el total de su población por cuenta del flagelo del desplazamiento forzado.

Ahora que el fenómeno se produce a la inversa no hay claridad frente al número de labriegos que han retornado a sus parcelas en los últimos años. Según el Departamento Administrativo para la Atención y Prevención de Desastres (Dapard), entidad de la Gobernación de Antioquia encargada de la atención a población desplazada, a la fecha se tienen identificadas unas 64.639 personas entre retornadas y reubicadas en todo el territorio.

Por su parte, la caracterización adelantada por Acción Social a través de su programa “Retornar es Vivir”, arrojó que solamente en los municipios de San Carlos, San Luis, San Rafael, Granada y Cocorná habían retornado, a octubre de 2009, unas 42.714 personas.

Sin embargo, estas cifras han sido cuestionadas por algunas localidades, como San Francisco, donde la Agencia Presidencial indicó que a octubre de 2009 unas 1.050 familias (4.500 personas) habían retornado a este municipio, mientras que la Secretaría de Bienestar Social de la localidad reporta a la fecha no más de 300 familias y, de ellas, 50 llegaron el año anterior, según lo declaró la ex–jefe de este despacho, Ana Milena Mery.

En San Luis tampoco existe consenso sobre cuántos son los retornados. Acción Social registra, a octubre de 2009, unas 9.000 personas. El alcalde de la localidad, José Máximo Castaño, considera que muchos de los allí reportados fueron campesinos que nunca abandonaron el pueblo.

Pero Humberto Durán, campesino de la vereda La Habana y vocero de los desplazados, explica que buena parte de las personas que abandonaron sus tierras en el éxodo masivo de 2001 se quedaron en el casco urbano del municipio y, meses después, regresaron a sus parcelas, pero que a la fecha, nadie les reconoce su condición de retornados.

Falta de recursos
Para Pedro María Chica, de Prodepaz, el que no se tenga claridad sobre las cifras no es tan preocupante como saber las condiciones en que se encuentran los retornados.

“Acción Social no está diciendo mentiras cuando dice que tiene caracterizadas a más de 4.500 personas en San Francisco, ahí las tiene censadas en una ficha. Ahora, la ficha no dice si a la persona que retornó le arreglaron la casa, si mejoraron sus condiciones de vida, si tiene garantizada su seguridad alimentaria. Eso no lo dicen las fichas de Acción Social”, agrega Chica.

Y es que el panorama que están encontrando las familias que han decidido regresar a sus fincas, ya sea en Argelia o Cocorná, en Granada o en San Carlos, no puede ser más desalentador: casas derruidas, parcelas convertidas en matorrales, caminos intransitables, cuentas de servicios públicos e impuestos catastrales impagables.

A ello se suma que la magnitud de la dinámica desborda la capacidad de reacción de la institucionalidad local. Tal es el caso del municipio de San Francisco. Según Carlos Mario Navas, alcalde municipal, los retornos pueden poner en grave riesgo sus escasas finanzas.

“La gente va apareciendo, porque dicen que es muy engorroso el trámite ante Acción Social. Es una situación muy difícil porque nos toca a nosotros como municipio garantizarle a ellos la atención integral y no tenemos cómo”, advierte el burgomaestre.

Otro tanto sucede en San Carlos. Allí, las autoridades decidieron declarar la emergencia social en el año 2007 debido a que el fenómeno desbordó sus capacidades. “La gente llega y lo primero que hay que garantizarles es vivienda y alimentación. Y eso no es así tan fácil. Muchas veces nos tocó albergar la gente en carpas improvisadas”, manifiesta la Directora de la Ucad, quien agrega que “con esa declaración se buscó el acompañamiento de las entidades nacionales, departamentales y hasta organizaciones no gubernamentales”.

De mal a peor
La historia de Eliécer Martínez ejemplifica aún más la compleja situación. Cansado de pasar penurias en Medellín e, incluso, fuera del país, este campesino partió el 10 de agosto de 2009 desde esta ciudad hacia su finca ubicada en la vereda Dosquebradas, municipio de San Carlos,

A su regreso encontró que de su vivienda fueron arrancadas las baterías sanitarias; las puertas, los techos y las ventanas estaban vencidas por el paso de los años; las acometidas eléctricas fueron hurtadas y ni rastro de los enseres que dejó abandonados por salvar su vida.

“Yo me fui en el 2001. No aguantamos más la situación. Estaban matando mucha gente, gente buena. Y nadie hacía nada. Un día no aguantamos más y nos fuimos para Medellín. En esa ciudad fui víctima otra vez de desplazamiento y me fui del país. Volví hace como dos años y me cansé de la situación allá y me vine para mí finca”, recuerda Eliécer.

Luego de su llegada, se acercó a la Alcaldía Municipal a solicitar algún tipo de ayuda. “Lo único que me dieron fueron unas tejas y eso que después de mucho pelear”.

En Dosquebradas, Eliécer se encontró con por lo menos 20 familias, cifra alentadora si se tiene en cuenta que en el 2003 ésta y otras 64 veredas quedaron totalmente desoladas como consecuencia de una incursión paramilitar ocurrida el 17 de enero de ese año, que dejó una saldo trágico de 19 muertos.

Entre los muertos estaban el hijo y el hermano de Anabeiba Cardona. “Los mataron delante de mí, en mi propia casa. De sólo recordarlo se me eriza la piel”, narra la campesina, quien después de ello se desplazó para el casco urbano de la localidad.

Por su condición de víctima del conflicto armado, Anabeiba recibió una indemnización por parte del Estado, dinero que le sirvió para adquirir una vivienda en San Carlos. “Pero llegó un momento en que no pude con los gastos de servicios públicos, impuesto predial. Vendía empanadas para conseguir dinero, porque nunca conseguí trabajo. Así que, después de pensarlo mucho, regresé a mi finca en 2008”, cuenta.

Además de enfrentarse a los dolorosos recuerdos, esta mujer tuvo que reconstruir su casa y su pequeña parcela. Luego de insistir ante las autoridades municipales, Anabeiba recibió un mejoramiento de vivienda que consistió en unas tejas de zinc, pintura y 374.000 pesos como ayuda humanitaria de emergencia.

“Yo aparezco en la Alcaldía como si me hubieran dado un mejoramiento de vivienda por cinco millones de pesos, pero yo pregunto, ¿lo que me dieron si cuesta todo eso? Lo que he conseguido ha sido por cuenta propia”, explica la mujer.

Por esta y otras situaciones que ha vivido, no lo pensó dos veces en asistir a la presentación del plan de acompañamiento que adelantará la Alcaldía de Medellín con 300 familias víctimas de desplazamiento forzado que están en proceso de retornar; evento que tuvo lugar en la escuela La Minita el pasado 10 de mayo.

Ese día, Anabeiba esperaba plantear públicamente lo que ella considera un justo reclamo: “que las personas que han retornado en los últimos cinco años tengan los mismos derechos que tendrán los que llegarán de Medellín”. Sin embargo, tuvo que guardar sus palabras para otra ocasión, pues no le permitieron hablar.

Proyectos im-productivos
En su informe de gestión correspondiente al año 2009, el Dapard reseñó que cerca de 5 mil familias desplazadas en procesos de retorno en Antioquia resultaron beneficiadas con proyectos de seguridad alimentaria y estabilización económica a través de la generación de ingresos. Para este año, la entidad departamental, en convenio con Acción Social, invertirán cerca de 8 mil millones de pesos.

Dichos proyectos constituyen la principal estrategia de consolidación económica del territorio y consisten básicamente en la entrega de semillas, agroinsumos y ganado, que buscan garantizar seguridad alimentaria y generación de ingresos para las familias.
Sin embargo, en municipios como San Carlos, San Francisco y San Luis se escuchan muchas versiones que cuestionan la efectividad de dichos proyectos. Norberto Morales, quien retornó en 2007 a la vereda Farallones en San Francisco, recibió semillas de frijol y maíz, mientras que varios vecinos suyos recibieron una vaca lechera y un ternero.
“Pero las semillas no sirvieron porque eso es tierra caliente mientras que las vacas, unas se murieron y otras las vendieron por lo mismo, el clima. La gente quedó con hambre y con las manos vacías”, comenta Norberto.

Las quejas han llegado a tal punto que la Contraloría General de Antioquia adelanta actualmente investigaciones contra el Dapard por presuntas irregularidades en la adquisición de 250 cabezas de ganado que fueron entregadas a población retornada.

En un preinforme fechado el pasado 28 de febrero, la Contraloría confirma las versiones de los labriegos al indicar que “se entregó ganado de muy baja calidad, algunos con dos tetas, sin dientes, flacos y no aclimatables según lo declarado por algunos beneficiarios y funcionarios de la Umata. Terneros de baja calidad y no de servicio que tuvieron que ser vendidos por solo 800.000 pesos”, según lo reseña el preinforme.

Como respuesta, el director del Dapard, Fredy Rendón Roldán, manifiesta que las apreciaciones de la Contraloría constituyen más una jugada política que un ejercicio propio de su función.

“Fue un informe elaborado en época electoral que buscaba precisamente hacer una presión política y, desde ese punto de vista, están totalmente equivocados, comenzando porque el documento lo elaboró un ingeniero sanitario que no está cualificado para evaluar proyectos productivos”, declara Rendón Roldán, hermano de la ahora senadora conservadora Liliana Rendón.

A esto se suma la voz de Carmenza Posada Palacio, secretaria técnica del Comité de Atención a Población en Situación de Desplazamiento del Dapard, quien reconoce que en el convenio con Acción Social se adelantaron proyectos productivos para población retornada, “pero más bien eran proyectos para que la gente tuviera una economía de subsistencia, no una generación de ingresos, porque es muy poco un dinero y es un apoyo puntual”, conceptúa Posada.

Cómo afrontar el fenómeno
Ante este panorama, la pregunta que surge es cómo afrontar la dinámica de retornos. Para Acción Social, los esfuerzos están enfocados en la estrategia “Retornar es Vivir”, que busca que por lo menos 30 mil desplazados retornen a sus lugares de origen en 28 municipios de seis departamentos del país.

La iniciativa priorizó la intervención en seis municipios de Antioquia: San Rafael, San Carlos, San Luis, Cocorná, Granada y San Francisco. La idea, según declaró en su momento Diego Andrés Molano, director de Acción Social, es garantizar la estabilización económica de las familias, mejorar sus condiciones de hábitat y recuperar el tejido social en el territorio.

Si bien la estrategia funciona bajo la premisa de la coordinación interinstitucional, Carmenza Posada reconoce que habrá dificultades en la atención a los retornados, en parte porque sigue faltando mayor niveles de articulación entre los entes territoriales y el Gobierno central.

A esto se suma, según Posada, que las entidades estatales aún están recorriendo el camino del restablecimiento de derechos. “Las instituciones nos quedamos mucho en el tema de la atención humanitaria de emergencia y no dimos el salto hacia el tema de restablecimientos. Ha sido más bien la Corte Constitucional la que nos ha impelido hacia todo este tema”, enfatiza. Tal como lo conceptuó la Corte Constitucional en su sentencia T-025 de 2004 y en sus posteriores autos de seguimiento, los procesos de retorno deben ir encaminados a “restaurar el daño causado así como a la búsqueda de verdad, justicia y reparación integral”.

Lo cierto del caso es que lo que está ocurriendo actualmente en Antioquia (y en muchas otras regiones del país) revela que el Estado aún no cuenta con las herramientas suficientes para superar todas las afectaciones que produjo el conflicto armado.

La experiencia de Eliécer Martínez en San Carlos parece corroborarlo. “Aquí hay veredas como Betulia, Cañaveral, Palmichal, con gente retornada que están viviendo peor que cuando eran desplazados. Esa gente vive de milagro: no hay proyectos productivos, no hay trabajo, no hay comida”. De ahí que muchos campesinos que están retornando a sus tierras sólo esperen que los logros en materia de seguridad, que les ha permitido disfrutar nuevamente de su tierra, no se vean opacados por la necesidad de salir de sus predios, esta vez empujados por el hambre.

Fotografías de Emiro Marín Carvajal y Leidisdiana Valencia

* Reporteros de Colombia es un proyecto de Medios para la Paz, la Pontificia Universidad Javeriana y CINEP/Programa por la Paz. Agrupa periodistas de siete regiones del país comprometidos con el cubrimiento responsable del conflicto armado y los esfuerzos de construcción de paz en Colombia.
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